El juicio de faltas quedó ayer visto para sentencia tras juzgar a once personas (seis mujeres y cinco varones), la mayoría de ellos saharauies. La fiscalía retiró los cargos contra dos de ellos al demostrarse que habían cumplido la orden de abandonar esta instalación reivindicativa. Para los otros nueve jóvenes, la fiscal Amparo González solicitó 20 días de multa a razón de una cuota diaria de once euros. Los cuatro abogados defensores, en cambio, solicitaron una sentencia absolutoria. Un grupo de seguidores del movimiento a favor de los derechos del pueblo Saharaui instaló a mediados del pasado mes de febrero una jaima en el centro de es Born. Se convirtió al mismo tiempo en un especio reivindicativo y cultural, y contó con la presencia de numerosas personas que se interesaban por los avances del proceso de este pueblo del Sáhara.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Palma dictó dos decretos municipales ordenando el desalojo de la jaima y la retirada de toda la instalación. Uno de estos decretos fue recurrido por el grupo, pero el consistorio rechazo el recurso.
Fue el propio Ayuntamiento el que ordenó que el decreto de desalojo se cumpliera y pidió a la Policía Nacional que lo ejecutara. El pasado día 24 de marzo, sobre las 7.30 horas de la mañana, varios agentes antidisturbios entraron en la tienda. Se encontraron con una docena de personas. Todas ellas estaban durmiendo. La Policía se entrevistó con dos de los seguidores de este movimiento. Se les ordenó que debían cumplir la orden municipal, ya que si no lo hacían serían denunciados por desobediencia. No solo debían salir de la tienda, sino que debían encargarse de desmontar la jaima que estaba ocupando una zona pública.
No quisieron irse
La mayoría de los jóvenes que habían pasado la noche en la tienda se negó a cumplir la orden. Varios de ellos sostuvieron ayer que la orden era injusta, ya que su presencia en este espacio público respondía a su lucha para conseguir el reconocimiento mundial de los derechos del pueblo saharaui. Casi todos los jóvenes que se sentaron en el banco de los acusados acudieron al juicio portando banderas saharauis o prendas típicas de este país. Explicaron que estaban dispuestos a desalojar la jaima, pero se negaban a desmontar la estructura porque iba en contra de sus principios reivindicativos. Varios de ellos reconocieron que estaban enterados de que el Ayuntamiento había ordenado que se desmontara la jaima.
La fiscal sostuvo la acusación al entender que no se trataba de juzgar el mensaje reivindicativo de los seguidores del pueblo saharaui, sino que se valoraba el hecho de que los jóvenes que estaban aquella mañana en la instalación se habían negado a cumplir la orden municipal de desalojo.
Fuente: http://www.diariodemallorca.es
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